El pasado 6 de febrero, un bloque de diputados de las bancadas del PRI, PAN, MC y PRD unieron fuerzas para plantear una iniciativa de reforma constitucional que, entre otros puntos, promovía el derecho a la educación superior gratuita y obligatoria.
Para lograrlo, busca introducir el siguiente párrafo al artículo tercero: "el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, los planes y programas de estudio, la infraestructura educativa y la formación y actualización de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizajes, y el pleno desarrollo de los educandos".
¿Es viable económicamente?
Para el secretario General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, no existe duda que la reforma contribuiría a la transformación del sistema educativo mexicano. En lo particular, la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior tiene un propósito loable de equidad y progresividad social.
Sin embargo, para lograrlo será necesario acordar una política de Estado con
visión de largo plazo que la haga factible, advirtió Valls Esponda. Basándose en la experiencia de la reforma que hizo obligatoria la educación media superior, un objetivo que aún no se ha logrado concretar, el titular de la Anuies considera necesario plantear metas graduales.
"Para alcanzar la universalización, exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno y de todos los actores educativos implicados, esfuerzo no sólo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de políticas y programas con visión de largo plazo que haga efectivo el derecho a la educación en este nivel".Jaime Valls Esponda.
En términos económicos, Valls advirtió que las universidades públicas cobran cuotas a los estudiantes, y este ingreso varía en cada institución, y, en algunos casos, puede representar hasta un 30 por ciento de sus ingresos anuales.
De aprobarse la gratuidad, la Anuies estima que el impacto financiero podría ser cercano a los 13 mil millones de pesos.
Esta cifra se basa en la carga económica que representaría dejar de percibir cuotas, pero también en la ampliación de la matrícula estudiantil, el incremento obligado de la planta docente, de espacios, equipamiento, modernización de la infraestructura de telecomunicaciones, renovación de acervos bibliográficos y otros conceptos más.
La crisis de las universidades
Esto, en tiempos de crisis financiera de muchas universidades públicas, derivada del déficit financiero que han venido acumulando a lo largo de los años.
"Un amplio número de universidades e instituciones tecnológicas de tipo federal y estatal presentan insuficiencia presupuestal para financiar su operación, y en poco tiempo enfrentarán una situación de insostenibilidad financiera".Jaime Valls Esponda.
Para evitar este escenario, la Anuies advirtió que la expansión de la cobertura deberá ir acompañada del debido sustento financiero que dé certeza a las instituciones para planear en el mediano y largo plazos.
"Requerimos un nuevo modelo para el financiamiento público con proyección plurianual, bajo los principios de suficiencia, equidad, transparencia y reconocimiento al desempeño institucional".Jaime Valls Esponda.