Mexicali, Baja California, 21 de noviembre del 2019

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

En Baja California, 800 mil personas están en rezago educativo, es decir, representan el 32% de los adultos mayores de 15 años que no cuentan con la secundaria terminada y en promedio, 7 de cada 10 alumnos en la educación obligatoria carecen de las competencias básicas para seguir estudiando a un nivel superior.

El gasto federal educativo por ejercer en el 2020 presentado por el presidente López Obrador, entendido como la suma de lo asignado a la función educativa (programas sociales) y lo asignado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), asciende a $ 807 mil millones de pesos.

En B.C. se gasta cada año cerca de $ 25 mil millones de pesos y acumula un pasivo histórico por una suma total estimada de $ 6 mil millones de pesos, esto no incluye los $ 4 mil millones adicionales que se necesitan para la infraestructura escolar.

Desafortunadamente, la mayoría de los recursos públicos están enfocados a cubrir el gasto corriente; el 98% del presupuesto estaría destinado a gasto nominal, tendría un incremento real de 0.6%, mientras que el gasto de capital tendría un descenso real de 0.5% y la obra pública una disminución real de 47.2 por ciento.

Con mayor preocupación, no se considera inversión pública en el presupuesto federal  para las áreas prioritarias que enmarca la reforma 2019 para la educación básica, educación superior, educación indígena, entre otros elementos que “pretenden lograr” un Sistema Educativo Nacional (SEN) de excelencia.

Además, se establecen recortes significativos de diferentes magnitudes en comparación al año anterior para el nivel básico:  plan de desarrollo profesional al docente (60%), enseñanza del segundo idioma (48 %), programa de escuela de tiempo completo (60%) y otros.

COPASE opina que tiene que haber más recursos para el sector para poder cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2025(PND) y complementarlo con un plan de austeridad racional y trasparente del gasto corriente, para corregir el desvió de recursos públicos en lo que se refiere al manejo y pago de la nómina ya que, cada punto porcentual de ahorro potencial representa cerca de $ 4 mil millones de pesos.

Por otra parte, los programas asistenciales para disminuir la pobreza en México se han incrementado en 1000 % en su monto de inversión durante la última década, pero el nivel de pobreza se mantiene en el 50 % de la población y no mejora, porque la gran mayoría no tiene acceso a la educación de calidad, como el único camino efectivo para salir de la pobreza. (fuente: Gesoc, A.C.)

Sin duda, el gasto público refleja la voluntad política del gobierno. Es evidente que el presupuesto de recursos públicos que pretende destinar a la educación para el próximo año 2020 es totalmente insuficiente.  Está muy claro que la educación y el presupuesto avanzan en caminos divergentes.

Por todo lo anterior, estamos obligados a preguntar: ¿Cómo se pretende mejorar la educación si no destina inversiones oportunas y duraderas en el tiempo?

Es un hecho irrebatible, sin recursos públicos no se va a poder avanzar y crecer, previendo un daño irreversible en las generaciones de niños y jóvenes, futuros ciudadanos que pudieron abrigar la aspiración de triunfar en la vida gracias a su preparación, y, ante todo, la población más marginada del país seguirá sobreviviendo con dádivas del gobierno atrapado por la perspectiva des-humana y vergonzante: “el que nace pobre en México, morirá pobre”.

México pobre, pobre México, sigue entrampado entre la retórica  y el hacer educativo.