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Apoya revés de la Corte a ley local

Escrito por La voz 17.08.2021

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ*

La Coalición por la Participación Social en la Educación (Copase), apoya la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a que se debió consultar a los pueblos indígenas y a las personas con discapacidad y no se les tomó en cuenta en la elaboración de la nueva Ley de Educación del Estado.

Lo anterior lo manifestó el presidente de la Copase, Alfredo Postlethwaite Duhagón, sobre la sentencia publicada en la edición de ayer de LA VOZ DE LA FRONTERA en la que la SCJN determina la invalidación de las secciones VI y VIII referentes a educación indígena y a personas con discapacidad, respectivamente.

“Considero que la determinación de la Corte no fue errónea; y reafirma la obligación del Poder Legislativo y demás autoridades locales, de respetar y garantizar el derecho a la consulta de los grupos indígenas y de las personas con discapacidad. Es la base fundamental para hacer valer otros derechos y que su voz sea tomada en cuenta para la toma de decisiones que impliquen un impacto directo en su persona”.

INCLUSIÓN NECESARIA

Baja California es un estado pluricultural y muldiétnico que conserva una diversidad de pueblos con derecho a expresarse y desarrollarse a manera de que conserven su identidad y propias instituciones.

Existe la necesidad de que se indcluya dentro de una participación activa a las organizaciones que representan a personas con discapacidad con el fin de que sus derechos sean reconocidos, defendidos y garantizados por el Estado.

Lo anterior se puede decir que figura como el objeto principal del derecho a la consulta de ambos grupos.

Esta dinámica de consulta o mesas de trabajo –obligatorias o no– son indispensables y deben ponerse en práctica con otros sectores y grupos sociales cuando se trate de elaborar leyes y/o tomar decisiones que repercutan directamente en su esfera jurídica.

No hay mejor testimonio que el de quien forma parte de esos grupos y pueda externar sus necesidades y los obstáculos a los que hace frente, sobre todo cuando se trata de garantizar derechos tan importantes como lo es el de la educación, señaló Postlethwaite Duhagón.

Comentó que no es un secreto que el proceso legislativo de esta nueva Ley de Educación para el Estado tuvo lugar mayormente en el año 2020, durante plena crisis de pandemia por la que el mundo entero, particularmente Baja California estábamos pasando.

Las medidas de restricción establecidas por las autoridades y la Secretaría de Salud no permitieron que se llevaran a cabo diversas actividades que normalmente se pudieron haber hecho en otro momento, señaló.

*Esta noticia pertenece a La Voz de la Frontera y a su autor Alejandro Domínguez, en ningún momento se pretende tener autoría por este artículo y se utiliza simplemente como medio informativo para fines de difusión de la organización.